https://doi.org/10.53766/Agroalim/2021.26.51.11

Los derechos humanos son, por antonomasia, inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Tras la Declaración Universal de Naciones Unidas en 1948, su promoción y protección son obligatorias por parte de los Estados, organizaciones e individuos al nivel mundial. El argumento central del artículo es proponer la adopción de un enfoque normativo sustentado en el respeto a los derechos humanos de las poblaciones con diferentes orígenes sociales, culturales y étnicos, mediante dos objetivos: i) identificar las barreras epistemológicas actuales para la construcción de enfoques disciplinarios y transdisciplinarios enfocados tanto en el análisis de las políticas económicas como en sus resultados para el manejo, transformación y protección de los territorios biofísicos donde los principales actores sociales están localizados; y, ii) proponer algunas pautas para la construcción de un abordaje teórico y empírico para superar el modelo económico basado en la extracción petrolera y minera desde el Estado venezolano durante más de un siglo, “reinventado” actualmente bajo una minería descontrolada con el fin último de suplir los otrora ingresos petroleros mediante la venta de oro y otros minerales. Con base en fuentes secundarias, se llevó a cabo una investigación de tipo descriptiva y analítica. A manera de síntesis, el artículo presenta un conjunto de propuestas con el fin de contribuir a la construcción e implementación de un nuevo modelo de desarrollo, con el fin de superar las actuales crisis humanitarias, económicas y ambientales que experimenta actualmente el país. Se trata basado fundamentalmente en incentivar la inversión en sectores industriales, comerciales y de servicios orientados tanto a mercados nacionales como a la exportación (Veltmeyer y Petras, 2014); la restructuración de la empresa pública PDVSA –que además de extractivista, contribuya concomitantemente a la conservación de territorios y ecosistemas; creación o reestructuración de otras empresas para maximizar el valor agregado en productos mineros, forestales y/o servicios no industrializados, orientados a mercados domésticos e internacionales; implementar reformar educativas y en ciencia y tecnología, como base para el desarrollo industrial, junto con redes de institutos de investigación por sectores económicos para incrementar su productividad, ingresos y la diversificación e innovación tecnológica; y fortalecer los órganos descentralizados de gobierno, mediante consejos de desarrollo y proyectos productivos basados en tecnologías verdes, como garantes de las estrategias del crecimiento económico, el desarrollo institucional y la conservación de los territorios. En suma, se trata de un programa para diseñar políticas orientadas al desarrollo económico, la democratización, la protección de los territorios y sus ecosistemas; pero –sobre todo–, el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos.